El reclutamiento de menores necesita más que buenos deseos y programas institucionales

13.000 niños se han desempeñado en los últimos años como soldados. Foto tomada de http://www.kienyke.com/

Por: José David Pacheco Martínez

Hace 15 años, el 12 de febrero, fue escogido como el “Día internacional contra el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales”, este, precisamente, ha sido uno de los delitos más cuestionados a los actores armados ilegales que operan en Colombia.

En el país, los menores, gracias a unas leyes en extremo proteccionistas, los eximen de ciertas responsabilidades penales; por esa razón, son utilizados como carne de cañón para la realización de atentados criminales a gran escala, como el que iba dirigido contra el exministro Fernando Londoño Hoyos. Solo por citar un caso famoso.

A pesar de que hay muchos protocolos y leyes, tanto nacionales como internacionales, destinados a garantizar el normal desarrollo de un niño o adolescente; la realidad demuestra, que la aplicación de todas esas políticas,  están lejos de obtener resultados que puedan impactar de manera positiva este flagelo, hablando, específicamente del reclutamiento por parte de un grupo insurgente o al margen de la ley.

Ximena Pachón, profesora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, en su estudio: La infancia perdida en Colombia: los menores en la guerra, sostiene que, en “América Latina los niños soldados han estado presentes en las luchas de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, pero las cifras más alarmantes que se han reportado se encuentran en Colombia, donde no menos de 13.000 niños se han desempeñado en los últimos años como soldados”, lo que a la postre, viene a significar que las estructuras irregulares del país, están en su cuarta parte conformada por menores de edad. Esta cifra convierte a Colombia en el tercer país del mundo con más menores en las filas insurgentes.

Una situación aún más preocupante, la muestra el Informe sobre la situación de niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado en Colombia: falencias en el proceso de desvinculación de niños, niñas y jóvenes de los grupos paramilitares, emitido por  la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, el cual asegura, que “sus edades de vinculación oscilan entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso que en sólo cuatro años descendió de los 13,836 a 12,8 años”

La explicación al descenso en la edad de vinculación al grupo ilegal, la tiene la politóloga Susan Brigete Castellanos Santos, según ella, este fenómeno, responde a un interés particular de los grupos armados, los cuales, ven a los niños como reclutas maleables, es decir, se adaptan fácilmente a las condiciones que se viven en las diferentes zonas desde las cuales operan los grupos armados ilegales, los niños están dispuestos a correr riesgos sin medir las consecuencias y aprenden mucho más rápido que cualquier recluta de mayor edad.

Las deprimentes estadísticas, más que comprobar la ineficacia de los programas, dejan ver que hacen falta mucho más que buena intenciones y proyectos bien estructurados para mejorar este punto. Y, todas esas actividades, deben estar encaminadas a ir más allá de la desvinculación del niño o joven del grupo insurgente. En el mejor de los casos, debería el Estado garantizar el normal reintegro de estos ciudadanos a la sociedad, esta última misión, ha sido siempre uno de las principales preocupaciones de las naciones históricamente en guerra interna.

Los daños colaterales de vivir en un ambiente hostil, como los es, sin dudas, el de un guerrillero, condicionará o más bien, dejará graves secuelas en el comportamiento de los excombatientes. En los distintos países de Latinoamérica y África, donde por las buenas se ha logrado acabar el conflicto interno, los niños nunca volvieron a comportarse como niños.

Explica la profesora Pachón, que el resultado de estas experiencias, han de mostrarnos como estos nuevos inquilinos de la sociedad, que no poseen lazos familiares sólidos, quienes aprendieron los valores e ideales de la guerra y que además, fueron entrenados en el manejo de armas y estrategias militares, no logaron construir un nuevo proyecto de vida e insertarse en la vida civil de sus sociedades. Agrega además, que por el contrario, el desespero, la costumbre y las dificultades propias de un mundo en crisis, los llevaron hasta las filas de la delincuencia común, que se vieron robustecidas por una mano de obra joven y experimentada. En síntesis, romper la experiencia de la guerra no resulta fácil.

Las aproximaciones académicas a este tema, han ido más allá en cuanto a las dificultades que pueda o no tener un niño soldado de regreso a la ‘normalidad’, uno de esos investigadores es Sandra Ruiz, en su estudio Impactos psicosociales de la participación de los niños y jóvenes en el conflicto armado, logró comprobar que la construcción social de un niño o joven se hace a través de la relación que tienen con el otro, con su familia, con sus vecinos, con sus pares y con los valores que son socialmente construidos por las costumbres y la cultura, basados obviamente estos en la interacción diaria; todos estos aspectos, y muchos más, son modificados, influidos, trastocados y tergiversados por el conflicto armado.

A renglón seguido aclara, que estás condiciones de vulnerabilidad, son más fuertes cuando hay actores armados en un territorio, esto, cambia todo, las relaciones están permeadas por el miedo y la desconfianza, que se constituyen a su vez en los elementos más importantes en la ruptura de redes sociales.

Siguiendo esa línea que critica las verdaderas condiciones del espacio vital donde se desarrolla hoy día un colombiano, la profesora Ximena Chacón, argumenta que la una porción muy grande de la niñez, se ha venido desarrollando en un contexto extremadamente violento, en crisis moral y económica, lo que ha aumentado la presencia de menores de edad haciendo parte de un conflicto que no alcanzan a entender. 

Este problema que ha venido siendo estudiado por los organismos de control colombianos desde los años 90s, debe empezar a ser mirado desde otras perspectivas tanto metodológicas; a la hora de realizar estudios encaminados a evidenciar posibles causas y soluciones; como también institucional, partiendo de la idea de que se necesita real voluntad estatal para conseguir que las políticas y programas enfocados a este tema, logren cambiar la situación.

Recientemente, Mario Suescún, coordinador del grupo asesor de niños, niñas y adolescentes de la Unidad para las Víctimas, fue enfático en afirmar que, la realidad del país no ha sido ajena a los menores de edad, han ido quedando en un sitial olvidado, para él, “la desprotección a la que ha sido sometida la niñez, la dificultad en el apoyo a la familia y un precario entorno social son las situaciones que facilitan la vinculación de los niños, las niñas y los adolescentes a los grupos armados ilegales”..

Ahora bien, todos los actores inmersos en el contexto de la guerra tienen que empezar a reconocer parte de su responsabilidad en el asunto y tratar de ayudar a buscar soluciones, ha dejado de ser un tema única y exclusivamente del Estado. En el nuevo modelo propuesto por Unicef se “reconoce la responsabilidad del Estado, el gobierno, la comunidad, la sociedad civil y la familia en la generación de acciones concretas para el acceso y restitución de los derechos de la infancia”

Susan Brigete Castellanos, piensa que el Estado colombiano ha atendido con diligencia este flagelo, no obstante, todos esos programas y estudios han tenido muchas limitantes y problemas, tanto a nivel metodológico como práctico, lo que ha impedido la obtención de resultados esperanzadores.

Para la doctora Castellanos, el más grave de todos estos, es la invisibilidad de los menores ante el Estado; es decir, debido a que no se conoce la real magnitud del problema de reclutamiento forzado a menores de edad, no existe un adecuado registro de la información de los menores que se encuentran tanto en situación de riesgo, como de aquellos que ya necesitan ser atendidos por el Estado, debido a su desvinculación de los grupos armados ilegales.

Para hacer frente a esta situación algo confusa, donde los organismos encargados de reintegrar a los desertados, no pueden evitar que muchos de ellos abandonen los programas educativos y regresen a las armas, empieza este joven acosado por la crisis y la necesidad de dinero, a venderse al mejor postor. La última escala de un niño combatiente, termina siendo la delincuencia común o bandas criminales.

Son muchas las opiniones y debates que se dan respecto a esta problemática, los puntos de vista son diferentes, pero, coinciden en que el Estado colombiano no sabe a ciencia cierta, cuántos de estos jóvenes están de nuevo al servicio de una estructura delincuencial.

En este momento histórico del país, donde se está negociando un tratado de paz para acabar la razón de una porción importante de los problemas que impiden la progresión de la sociedad actual. La niñez tiene que empezar a ser concienciada de la importancia de un cambio en las directrices actuales, en aras de evitar se repita una guerra como la que ahora tratan los actores principales del conflicto acabar en Cuba.

Así lo ha entendido Alma Bibiana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien aseguró, que en el actual contexto, la lucha del Estado por la prevención debe ser constante, del mismo modo, expresó que el verdadero compromiso debe ser “prevenir que esto le ocurra a nuestros niños y a nuestras niñas es garantizando la totalidad de sus derechos; un niño que tenga educación, que tenga un entorno seguro, que tenga un entorno familiar amable, va a pensarlo dos veces antes de caer en las redes de los que quieren utilizarlo o de los que quieren reclutarlo”