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| 13.000 niños se han desempeñado en los últimos años como soldados. Foto tomada de http://www.kienyke.com/ |
Por: José David Pacheco
Martínez
Hace 15 años, el 12 de
febrero, fue escogido como el “Día internacional contra el reclutamiento y la
utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados
ilegales”, este, precisamente, ha sido uno de los delitos más cuestionados a
los actores armados ilegales que operan en Colombia.
En el país, los menores, gracias a unas leyes
en extremo proteccionistas, los eximen de ciertas responsabilidades penales; por
esa razón, son utilizados como carne de cañón para la realización de atentados
criminales a gran escala, como el que iba dirigido contra el exministro
Fernando Londoño Hoyos. Solo por citar un caso famoso.
A pesar de que hay muchos
protocolos y leyes, tanto nacionales como internacionales, destinados a
garantizar el normal desarrollo de un niño o adolescente; la realidad demuestra,
que la aplicación de todas esas políticas,
están lejos de obtener resultados que puedan impactar de manera positiva
este flagelo, hablando, específicamente del reclutamiento por parte de un grupo
insurgente o al margen de la ley.
Ximena Pachón, profesora asociada
al Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, en su
estudio: La infancia perdida en Colombia: los menores en la guerra, sostiene
que, en “América Latina los niños soldados han estado presentes en las luchas
de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y
Perú, pero las cifras más alarmantes que se han reportado se encuentran en
Colombia, donde no menos de 13.000 niños se han desempeñado en los últimos años
como soldados”, lo que a la postre, viene a significar que las estructuras
irregulares del país, están en su cuarta parte conformada por menores de edad.
Esta cifra convierte a Colombia en el tercer país del mundo con más menores en
las filas insurgentes.
Una situación aún más
preocupante, la muestra el Informe sobre la situación de niños, niñas y jóvenes
vinculados al conflicto armado en Colombia: falencias en el proceso de
desvinculación de niños, niñas y jóvenes de los grupos paramilitares, emitido
por la Coalición contra la vinculación
de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, el cual asegura, que
“sus edades de vinculación oscilan entre los 7 y los 17 años, con un promedio
de edad de ingreso que en sólo cuatro años descendió de los 13,836 a 12,8 años”
La explicación al descenso
en la edad de vinculación al grupo ilegal, la tiene la politóloga Susan Brigete
Castellanos Santos, según ella, este fenómeno, responde a un interés particular
de los grupos armados, los cuales, ven a los niños como reclutas maleables, es
decir, se adaptan fácilmente a las condiciones que se viven en las diferentes
zonas desde las cuales operan los grupos armados ilegales, los niños están
dispuestos a correr riesgos sin medir las consecuencias y aprenden mucho más rápido
que cualquier recluta de mayor edad.
Las deprimentes
estadísticas, más que comprobar la ineficacia de los programas, dejan ver que
hacen falta mucho más que buena intenciones y proyectos bien estructurados para
mejorar este punto. Y, todas esas actividades, deben estar encaminadas a ir más
allá de la desvinculación del niño o joven del grupo insurgente. En el mejor de
los casos, debería el Estado garantizar el normal reintegro de estos ciudadanos
a la sociedad, esta última misión, ha sido siempre uno de las principales
preocupaciones de las naciones históricamente en guerra interna.
Los daños colaterales de
vivir en un ambiente hostil, como los es, sin dudas, el de un guerrillero,
condicionará o más bien, dejará graves secuelas en el comportamiento de los
excombatientes. En los distintos países de Latinoamérica y África, donde por
las buenas se ha logrado acabar el conflicto interno, los niños nunca volvieron
a comportarse como niños.
Explica la profesora Pachón,
que el resultado de estas experiencias, han de mostrarnos como estos nuevos
inquilinos de la sociedad, que no poseen lazos familiares sólidos, quienes
aprendieron los valores e ideales de la guerra y que además, fueron entrenados
en el manejo de armas y estrategias militares, no logaron construir un nuevo
proyecto de vida e insertarse en la vida civil de sus sociedades. Agrega
además, que por el contrario, el desespero, la costumbre y las dificultades
propias de un mundo en crisis, los llevaron hasta las filas de la delincuencia
común, que se vieron robustecidas por una mano de obra joven y experimentada.
En síntesis, romper la experiencia de la guerra no resulta fácil.
Las aproximaciones académicas
a este tema, han ido más allá en cuanto a las dificultades que pueda o no tener
un niño soldado de regreso a la ‘normalidad’, uno de esos investigadores es Sandra
Ruiz, en su estudio Impactos psicosociales de la participación de los niños y
jóvenes en el conflicto armado, logró comprobar que la construcción social de
un niño o joven se hace a través de la relación que tienen con el otro, con su
familia, con sus vecinos, con sus pares y con los valores que son socialmente
construidos por las costumbres y la cultura, basados obviamente estos en la
interacción diaria; todos estos aspectos, y muchos más, son modificados,
influidos, trastocados y tergiversados por el conflicto armado.
A renglón seguido aclara,
que estás condiciones de vulnerabilidad, son más fuertes cuando hay actores
armados en un territorio, esto, cambia todo, las relaciones están permeadas por
el miedo y la desconfianza, que se constituyen a su vez en los elementos más
importantes en la ruptura de redes sociales.
Siguiendo esa línea que
critica las verdaderas condiciones del espacio vital donde se desarrolla hoy
día un colombiano, la profesora Ximena Chacón, argumenta que la una porción muy
grande de la niñez, se ha venido desarrollando en un contexto extremadamente
violento, en crisis moral y económica, lo que ha aumentado la presencia de
menores de edad haciendo parte de un conflicto que no alcanzan a entender.
Este problema que ha venido
siendo estudiado por los organismos de control colombianos desde los años 90s,
debe empezar a ser mirado desde otras perspectivas tanto metodológicas; a la
hora de realizar estudios encaminados a evidenciar posibles causas y
soluciones; como también institucional, partiendo de la idea de que se necesita
real voluntad estatal para conseguir que las políticas y programas enfocados a
este tema, logren cambiar la situación.
Recientemente, Mario Suescún,
coordinador del grupo asesor de niños, niñas y adolescentes de la Unidad para
las Víctimas, fue enfático en afirmar que, la realidad del país no ha sido ajena
a los menores de edad, han ido quedando en un sitial olvidado, para él, “la
desprotección a la que ha sido sometida la niñez, la dificultad en el apoyo a
la familia y un precario entorno social son las situaciones que facilitan la
vinculación de los niños, las niñas y los adolescentes a los grupos armados
ilegales”..
Ahora bien, todos los actores
inmersos en el contexto de la guerra tienen que empezar a reconocer parte de su
responsabilidad en el asunto y tratar de ayudar a buscar soluciones, ha dejado
de ser un tema única y exclusivamente del Estado. En el nuevo modelo propuesto
por Unicef se “reconoce la responsabilidad del Estado, el gobierno, la comunidad,
la sociedad civil y la familia en la generación de acciones concretas para el
acceso y restitución de los derechos de la infancia”
Susan Brigete Castellanos,
piensa que el Estado colombiano ha atendido con diligencia este flagelo, no
obstante, todos esos programas y estudios han tenido muchas limitantes y
problemas, tanto a nivel metodológico como práctico, lo que ha impedido la
obtención de resultados esperanzadores.
Para la doctora Castellanos,
el más grave de todos estos, es la invisibilidad de los menores ante el Estado;
es decir, debido a que no se conoce la real magnitud del problema de reclutamiento
forzado a menores de edad, no existe un adecuado registro de la información de
los menores que se encuentran tanto en situación de riesgo, como de aquellos
que ya necesitan ser atendidos por el Estado, debido a su desvinculación de los
grupos armados ilegales.
Para hacer frente a esta
situación algo confusa, donde los organismos encargados de reintegrar a los
desertados, no pueden evitar que muchos de ellos abandonen los programas
educativos y regresen a las armas, empieza este joven acosado por la crisis y
la necesidad de dinero, a venderse al mejor postor. La última escala de un niño
combatiente, termina siendo la delincuencia común o bandas criminales.
Son muchas las opiniones y
debates que se dan respecto a esta problemática, los puntos de vista son
diferentes, pero, coinciden en que el Estado colombiano no sabe a ciencia
cierta, cuántos de estos jóvenes están de nuevo al servicio de una estructura delincuencial.
En este momento histórico
del país, donde se está negociando un tratado de paz para acabar la razón de
una porción importante de los problemas que impiden la progresión de la
sociedad actual. La niñez tiene que empezar a ser concienciada de la
importancia de un cambio en las directrices actuales, en aras de evitar se
repita una guerra como la que ahora tratan los actores principales del
conflicto acabar en Cuba.
Así lo ha entendido Alma Bibiana Pérez, directora
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, quien aseguró, que en el actual contexto, la lucha del Estado por
la prevención debe ser constante, del mismo modo, expresó que el verdadero
compromiso debe ser “prevenir que esto le ocurra a nuestros niños y a nuestras
niñas es garantizando la totalidad de sus derechos; un niño que tenga
educación, que tenga un entorno seguro, que tenga un entorno familiar amable,
va a pensarlo dos veces antes de caer en las redes de los que quieren
utilizarlo o de los que quieren reclutarlo”
