La nueva estrategia del Gobierno nacional plantea tres fases de intervención y compromete inversiones multimillonarias, pero todavía hay interrogantes sobre su financiación y respaldo jurídico. Además, la discusión parece concentrada en cómo incorporar más agua a las redes, sin resolver con igual claridad cómo evacuar las aguas lluvias, conducir las residuales y garantizar su tratamiento. La ciudad necesita una instancia independiente que examine integralmente las soluciones y construya una posición técnica frente a la Nación.
Por:
José D. Pacheco Martínez
Santa
Marta está frente a una de las decisiones más importantes de su historia
reciente. Resolver los problemas de acueducto y alcantarillado no consiste
simplemente en conseguir nuevas fuentes de abastecimiento o anunciar
inversiones. Implica definir un modelo de prestación, establecer su
sostenibilidad financiera, garantizar la disponibilidad del recurso hídrico y
comprometer recursos públicos durante varios años. Por eso, la ciudad necesita
algo más que la coincidencia de sus gobernantes alrededor de una propuesta:
necesita capacidad independiente para examinarla, discutirla y defender sus
propios intereses.
El
pasado 30 de octubre, el Gobierno nacional presentó una estrategia de tres
fases para enfrentar la crisis. La primera contempla recuperar el agua que se
pierde en las redes, rehabilitar pozos y ejecutar intervenciones del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado. La segunda propone estructurar una
empresa regional de agua, con capacidad técnica, administrativa y financiera
para asumir la prestación del servicio. La tercera plantea construir un sistema
de captación y conducción desde el río Magdalena, con capacidad proyectada de
5.000 litros por segundo, para abastecer a Santa Marta y otros municipios de la
región.
La dimensión económica de la propuesta merece especial atención. Se han mencionado inversiones que, sumadas, podrían acercarse a los seis billones de pesos. Sin embargo, es indispensable conocer el presupuesto consolidado, el costo individual de cada fase, las fuentes de financiación y los compromisos que asumirían la Nación, el Distrito y los demás territorios beneficiarios. No es lo mismo una inversión anunciada que una apropiación presupuestal, ni un proyecto en estructuración que una obra con financiación y cronograma asegurados.
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La
actual administración nacional anunció que reorientaría esos recursos hacia una
estrategia distinta, fundamentada en la recuperación de agua disponible, la
modernización de las redes y el abastecimiento regional. Sin embargo, es
necesario conocer los documentos que formalizan esa decisión frente al CONPES,
el aval fiscal del CONFIS y las vigencias futuras previamente autorizadas.
Tampoco se conocen suficientemente los instrumentos que respaldarían la
financiación integral de las tres fases.
Esto
no es una discusión de formalismos administrativos ni una defensa de las
decisiones del Gobierno anterior. Es una cuestión elemental de responsabilidad
fiscal y seguridad jurídica. Un anuncio presidencial no modifica por sí mismo
una destinación presupuestal, ni habilita automáticamente la utilización de
recursos comprometidos para un proyecto diferente. Se necesita conocer qué
decisiones adoptaron las instancias competentes, qué autorizaciones deben
modificarse y cuáles son los recursos efectivamente disponibles. Sin esos
instrumentos, seguimos hablando de propuestas que necesitan convertirse en
decisiones institucionales y financieras ejecutables.
Pero
existe otro asunto que merece tanta atención como la disponibilidad de agua: la
capacidad de la ciudad para evacuarla. Hasta ahora, buena parte de la discusión
pública se ha concentrado en cómo incorporar más litros por segundo a las redes
de abastecimiento, sin que se advierta una discusión de igual dimensión sobre
la infraestructura necesaria para recoger, conducir y tratar las aguas
residuales, ni sobre la evacuación de las aguas lluvias.
Santa
Marta necesita urgentemente un sistema de alcantarillado pluvial, el
fortalecimiento y ampliación del sanitario y una infraestructura de tratamiento
de aguas residuales acorde con las necesidades actuales y futuras. El problema
es que la red sanitaria no fue concebida para recibir las aguas lluvias y la
ciudad sigue padeciendo los efectos de un drenaje urbano insuficiente. Durante
las precipitaciones, las sobrecargas producen rebosamientos y afectaciones en
distintos sectores.
La
dimensión del problema se entiende con una equivalencia sencilla. Si se
incorporaran 1.200 litros por segundo adicionales al sistema de abastecimiento,
estaríamos hablando de 103.680 metros cúbicos diarios. Si el incremento llegara
a 2.000 litros por segundo, serían 172.800 metros cúbicos al día. Naturalmente,
no todo ese volumen terminaría en el alcantarillado, porque intervienen las
pérdidas, los consumos y los coeficientes de retorno. Sin embargo, cualquier
incremento importante de la oferta debe acompañarse de una evaluación de la
capacidad de recolección, transporte, bombeo y tratamiento de las aguas
residuales.
¿Dónde
se recogerán esos volúmenes? ¿Qué capacidad tienen los colectores y las
estaciones de bombeo? ¿Cuáles son las necesidades de ampliación de la
infraestructura sanitaria? ¿Cómo se financiará el alcantarillado pluvial? Son
preguntas que no pueden quedar por fuera de una estrategia que pretende
transformar el sistema de agua de Santa Marta.
Tampoco
se puede perder de vista El Curval. El proyecto promovido por la administración
distrital registra un valor contractual de $893.052 millones, con una
estructura económica posteriormente presentada en $861.875 millones: $410.759
millones para infraestructura y $451.115 millones en financiación. La modalidad
de crédito de proveedor, los costos financieros, los plazos y las garantías
exigen una evaluación independiente. La ciudad necesita establecer cómo se
integra esta obra con la nueva estrategia nacional y si existen alternativas
jurídicas y financieras que permitan reducir el costo total de las soluciones.
Frente
a este panorama, propongo promover una Comisión Ciudadana de Notables por el
Agua de Santa Marta. Un espacio independiente, integrado por profesionales con
trayectoria en ingeniería hidráulica y sanitaria, servicios públicos
domiciliarios, derecho administrativo, contratación estatal, hacienda pública,
financiación de infraestructura, ordenamiento territorial y gestión ambiental.
Personas
alejadas de los compromisos político-electorales y de intereses particulares
que puedan condicionar sus decisiones. Su primera tarea sería construir una
matriz de trazabilidad jurídica y financiera de las inversiones anunciadas,
verificar el estado del CONPES 4159 y las decisiones del CONFIS, examinar la
viabilidad de las tres fases y confrontar las alternativas con el proyecto El
Curval.
También
debería evaluar integralmente las necesidades de alcantarillado sanitario,
pluvial y tratamiento de aguas residuales; convocar a las universidades y
organizaciones ciudadanas, y establecer interlocución con el Gobierno nacional.
No
se trata de crear otra instancia burocrática ni de reemplazar las competencias
de las autoridades. Se trata de que Santa Marta tenga una representación
técnicamente preparada para sentarse a discutir con la Nación, formular
preguntas incómodas y presentar alternativas sustentadas. La adhesión sin
reparos de la Alcaldía y la Gobernación a las iniciativas nacionales no
sustituye la deliberación que necesita la ciudad.
El
agua no puede seguir siendo un asunto de anuncios gubernamentales que cambian
con cada administración. Santa Marta necesita una posición propia, construida
con independencia, conocimiento y responsabilidad. Porque no basta con
conseguir más agua si no sabemos cómo distribuirla, evacuarla y tratarla. Si
están en juego varios billones de pesos y el abastecimiento de las próximas
generaciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir que cada peso, cada obra y
cada compromiso estén debidamente sustentados.
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