Una posible deuda superior a los $20.000 millones aparece
entre las líneas de investigación sobre la desaparición del excandidato a la
Alcaldía de Santa Marta. En plena temporada de campañas, el caso obliga a
plantear una exigencia ética: no todo vale para llegar al poder, y quienes
aspiran a gobernar deben responder por el origen de los recursos que reciben y
los compromisos que adquieren.
Por:
José D. Pacheco Martínez
Empezó
por rehusar y
tuvieron que amenazarlo con la prisión.
BORGES,
“El proveedor de iniquidades Monk Eastman”.
El
lunes 26 de octubre, a las 5:45 de la mañana, Jorge Luis Agudelo Apreza salió
de su vivienda en Santa Marta y emprendió el viaje hacia Barranquilla para
asistir a una reunión con un empresario. Hacia las 8:20 a. m. informó a su
esposa que estaba llegando a la capital del Atlántico y, alrededor de las 10,
le comunicó que estaba a punto de ingresar a la cita. Después de esa
conversación, su familia perdió contacto con él. Desde entonces, las
autoridades buscan establecer su paradero y esclarecer las circunstancias de su
desaparición.
En
la reconstrucción de sus últimos movimientos también apareció una transacción,
registrada a las 12:52 del mediodía, en un establecimiento comercial de
Barranquilla, realizada con una tarjeta de crédito de su esposa. Aún no se ha
establecido quién efectuó la compra ni si ese movimiento guarda relación con lo
ocurrido. Mientras el Gaula y los
investigadores revisan cámaras de seguridad y recogen información, el Distrito
de Santa Marta anunció una recompensa de hasta $50 millones por datos que
permitan encontrarlo.
Pero
en medio de la búsqueda surgió una información que lleva el caso a un terreno
incómodo para la política regional. Hoy Diario del Magdalena publicó que
los investigadores examinan, entre otras hipótesis, la posible existencia de
compromisos económicos extrabancarios superiores a los $20.000 millones que
Agudelo habría adquirido con prestamistas de la región. (Ver noticia: https://hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/1312532/deudas-con-prestamistas-y-un-eventual-secuestro
)
La
noticia corre mientras Santa Marta observa otro movimiento, esta vez a plena
luz del día: el de quienes comienzan a preparar sus aspiraciones a cargos de
elección popular. Aparecen nombres, fotografías, mensajes, reuniones, equipos
de comunicaciones y publicidad que empieza a ocupar espacios físicos y
digitales. Hay asesores que diseñan estrategias, profesionales que administran
redes, anuncios que circulan en medios y encuentros organizados en
establecimientos privados. La ciudad conoce ese despliegue, aunque todavía no
siempre conozca quién está pagando la cuenta.
En
el circuito político samario no es ningún secreto que contratar asesoría
electoral, consultoría estratégica y comunicación profesional cuesta dinero.
También se conocen las tarifas de la publicidad en prensa, los valores de las
pautas digitales, los gastos de producción y la logística que implica organizar
eventos. No hace falta inventar una cifra para entender la dimensión de esa
operación: basta observar la cantidad de servicios que requiere una campaña
sostenida.
Y,
sin embargo, mientras la actividad se hace visible, el origen de los recursos
no parece ocupar el mismo espacio en la conversación pública. Muy pocas
personas en Santa Marta pueden sostener durante meses, con patrimonio propio,
una estructura que combine asesores políticos, consultores, comunicadores,
diseñadores, producción audiovisual, pauta y organización de eventos.
Por
eso, cuando un aspirante despliega semejante operación, la pregunta resulta
inevitable: ¿paga con recursos personales, recibe aportes, contrata créditos o
alguien financia directamente parte de sus actividades? ¿Los servicios se
facturan o se entregan como contribuciones en especie? Hasta ahora, no se
conoce una explicación pública suficiente de los aspirantes locales que permita
entender quién sostiene económicamente sus proyectos.
Esa
pregunta también alcanza a los medios de comunicación no solo en Santa Marta.
En una ciudad donde la pauta puede comprar visibilidad y la repetición de un
nombre ayuda a instalarlo en la conversación pública, es necesario distinguir
entre publicidad contratada, cobertura periodística, entrevistas, contenido
patrocinado y promoción presentada como información. Cada modalidad tiene una
naturaleza distinta, pero todas pueden contribuir a posicionar una aspiración.
La
ciudadanía tiene derecho a saber cuándo está viendo una pauta pagada, quién la
contrata y si detrás de una presencia mediática constante hay una estrategia
financiada por terceros.
Hay
otra zona que merece vigilancia: la relación entre las instituciones públicas y
privadas, sus presupuestos de comunicación y la promoción de figuras políticas.
Las entidades públicas contratan publicidad institucional, divulgan resultados
y mantienen relaciones con medios; las empresas privadas también deciden dónde
pautar y qué actividades patrocinar. Esas operaciones pueden tener fines
legítimos, pero no deben convertirse en mecanismos encubiertos para impulsar
candidaturas.
La
ley colombiana prohíbe determinadas formas de propaganda electoral con recursos
y medios oficiales, así como el uso del cargo para presionar respaldos
políticos. No afirmo que los aspirantes
que hoy se mueven en Santa Marta estén recibiendo financiación irregular, ni
que cada pauta o evento responda a un acuerdo oculto. Precisamente, lo que
falta es información pública suficiente para evaluar cada caso con seriedad.
Pero
la ética política exige que quien aspira a gobernar pueda explicar quién
financia su operación, de dónde provienen los recursos y qué condiciones
acompañan los aportes. No basta con cumplir formalmente los trámites
electorales: también hay que prevenir que las relaciones económicas terminen
condicionando las decisiones que después deberán tomarse desde una alcaldía,
una gobernación o una corporación pública.
Porque
el dinero no siempre termina siendo únicamente dinero. Puede traer
expectativas, lealtades y compromisos que no aparecen en los discursos de
campaña. ¿Qué ocurre si quien financia a un aspirante tiene contratos con el
Estado, negocios sujetos a decisiones administrativas o intereses en proyectos
que el futuro gobernante podría aprobar o vigilar? No hay que presumir que eso
haya sucedido para exigir respuestas. La transparencia sirve justamente para
identificar posibles conflictos antes de que se conviertan en problemas.
Quien solicita el voto debería poder explicar
esos vínculos sin esperar a que una investigación los ponga bajo examen. El
caso de Agudelo vuelve más urgente esa conversación, pero exige prudencia. La
información publicada relaciona posibles préstamos extrabancarios con las
líneas que investigan las autoridades; todavía debe establecerse si existieron
esas obligaciones, quiénes serían los acreedores y si hay alguna conexión con
su desaparición. Una deuda, por sí sola, no demuestra un delito, y no
corresponde convertir a los posibles prestamistas en culpables sin pruebas.
Lo
que sí corresponde es preguntarse por qué la financiación política puede
alcanzar magnitudes millonarias sin que la ciudadanía conozca claramente su
origen, sus condiciones y sus consecuencias. La exigencia debe comenzar ahora,
cuando las campañas todavía se están construyendo. Que cada aspirante explique
quién paga sus equipos de comunicaciones, sus asesores, la publicidad y los
eventos; que distinga sus recursos personales de los aportes de terceros,
identifique los créditos y cumpla las obligaciones de reporte establecidas por
la ley. Que los partidos y movimientos hagan las preguntas antes de otorgar
avales, y que los medios distingan con claridad la información periodística de
los contenidos pagados.
No
es una petición de cortesía: es una exigencia de responsabilidad para quienes
quieren administrar los recursos y las decisiones de todos. En Santa Marta, las
campañas se ven, los anuncios circulan, los eventos se organizan y los equipos
trabajan; lo que la ciudadanía no debería tener que adivinar es quién paga por
todo ello. Quien pretende gobernar debe explicar cómo financia su llegada al
poder, porque la transparencia no puede empezar después de ganar ni la
independencia pública depender de quién puso el dinero.
Pero,
primero, para el bienestar de su familia, que aparezca Jorge Agudelo y que las
autoridades esclarezcan lo ocurrido.
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