El alcalde que siempre está de acuerdo con el poder

 Mientras Carlos Pinedo Cuello baila al ritmo que le toquen desde Bogotá, la ciudadanía sigue soportando las consecuencias de su maleabilidad discursiva. Por eso, no se trata de exigirle al alcalde una oposición permanente al Presidente de turno, gestionar ante la Nación es una obligación institucional. Lo exigible es elemental: criterio propio, defensa argumentada de los proyectos distritales y capacidad para explicar por qué una política debe sostenerse, corregirse o abandonarse.

Por José D. Pacheco Martínez

Hay una pregunta que Santa Marta debería hacerse sin pasiones partidistas: ¿existe una agenda de ciudad sustentada en evidencia, planeación y continuidad institucional, o cambia el diagnóstico cada vez que cambia el poder nacional?

Durante el gobierno Petro, Carlos Pinedo respaldó públicamente sus principales apuestas para la ciudad. Hoy, frente al nuevo escenario político nacional, adopta un lenguaje distinto y se acomoda a otras prioridades. El problema no es que dialogue con gobiernos diferentes. El problema es que resulta cada vez más difícil identificar una política distrital que permanezca cuando cambia el ocupante de la Casa de Nariño.

Mientras el discurso oscila, los problemas permanecen. La ciudadanía sigue esperando soluciones al agua, la inseguridad y el rezago institucional que ninguna administración nacional ha logrado resolver. Por eso, no se trata de exigirle al alcalde oposición permanente ni lealtades ideológicas. Lo exigible es algo más básico y más importante: criterio propio, sustento técnico y capacidad para defender los intereses de la ciudad incluso cuando estos no coincidan con los del Gobierno Nacional de turno.

La función pública exige decisiones motivadas, no adhesiones coyunturales. En agosto de 2024, Pinedo afirmó que confiaba en la voluntad del Gobierno Petro y que estaba convencido de que su administración marcaría un antes y un después en la historia del agua de Santa Marta. No era una expectativa menor. Era una apuesta pública del mandatario local, presentada como una oportunidad histórica para convertir décadas de diagnósticos en soluciones.

Un año después, durante los actos de los 500 años de la ciudad, el Gobierno Nacional anunció inversiones por 1,2 billones de pesos para agua y saneamiento, incluidas desalinizadoras. El Distrito acompañó esos anuncios y contribuyó a generar expectativas entre los ciudadanos. Sin embargo, los anuncios siguen sin traducirse en soluciones definitivas. Y cuando cambió la posición del Gobierno Nacional frente a las desalinizadoras, también cambió el discurso local.

La seguridad ofrece un ejemplo similar. En julio de 2025, Pinedo respaldaba la Paz Total, expresaba confianza en sus resultados y ofrecía acompañamiento institucional. Después del paro armado, del deterioro de la seguridad en la Sierra Nevada y del aumento de la preocupación ciudadana, el discurso cambió radicalmente. La estrategia pasó de ser una apuesta respaldada por el Distrito a convertirse en una política fallida.

Rectificar no es el problema. De hecho, los gobernantes deben corregir cuando los hechos contradicen las expectativas. Lo cuestionable es que las rectificaciones parezcan coincidir siempre con los cambios del clima político nacional y rara vez con la presentación pública de estudios, evaluaciones o argumentos técnicos propios.

Ahí está la discusión de fondo. Cuando las desalinizadoras eran la solución, el Distrito las acompañaba y cuando dejaron de serlo, el Distrito aceptó la nueva orientación. Pero la ciudadanía nunca recibió una explicación suficiente. Si el proyecto era técnicamente inviable, Santa Marta tenía derecho a conocer sus debilidades. Si era viable, el alcalde tenía el deber de defenderlo. Y si existe una alternativa superior, esta debe compararse públicamente y sustentarse con evidencia.

Gobernar no consiste en seguir la dirección del viento político. Gobernar implica explicar, justificar y asumir posiciones. La presencia de samarios en cargos nacionales tampoco debería confundirse con resultados. Durante el gobierno Petro hubo representantes de la ciudad con capacidad de interlocución y se generaron enormes expectativas sobre su influencia. Sin embargo, el agua sigue sin resolverse y la inseguridad continúa siendo una preocupación central para miles de ciudadanos.

Ahora se repite un fenómeno parecido con el gobierno de De la Espriella. La cercanía política puede facilitar puertas de entrada en Bogotá, pero no reemplaza las obras, las inversiones ejecutadas ni las soluciones verificables. La historia reciente demuestra que las fotografías, los nombramientos y los anuncios producen titulares; pero la verdad es que los resultados son los que transforman ciudades.

La función pública exige una ética distinta. El alcalde no le debe lealtad al presidente de turno. Le debe lealtad al interés general, a la evidencia, a las instituciones y a los ciudadanos que lo eligieron. Santa Marta no puede seguir gobernándose según el péndulo nacional. El agua no cambia porque cambie el Presidente. La violencia tampoco. Lo que debería permanecer es una agenda técnica, transparente y consistente para resolver ambos problemas.

Cuando un gobernante modifica su discurso cada vez que cambia el poder nacional sin explicar con claridad por qué cambió la evidencia que sustentaba sus decisiones, lo que se debilita no es únicamente su narrativa política. Se debilita la confianza pública.

Y mientras los dirigentes ajustan el discurso a la nueva melodía del poder, los samarios siguen esperando que alguien resuelva la partitura pendiente del agua y la seguridad.